Penulis
La Fiscalía demostró que Eva Katherine Carrascal Cantillo, como superintendente delegada, obtuvo pagos por $700’000.000. En ese sentido, deberá cumplir pena de 6 años y 8 meses de prisión; y no podrá volver a ejercer cargos públicos.
La Fiscalía General de la
Nación puso en evidencia un entramado de corrupción, en el que funcionarios y
particulares se apropiaron de recursos públicos de la salud.
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El ente de control estuvo en varios municipios de la Red Turística de
Pueblos Patrimonio de Colombia, con el propósito de evaluar el estado de
conservación y protección en que se encuentran.
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De las actividades ilícitas hizo parte Eva Katherine Carrascal Cantillo,
quien se desempeñó como superintendente delegada para la Supervisión
Institucional en la Superintendencia Nacional de Salud, entre 2016 y 2018. La
investigación demostró que usó el cargo y la información privilegiada que
conocía para incidir en decisiones administrativas, a cambio de dádivas.
En ese sentido, le anticipó al representante legal de una Empresa Prestadora
de Salud (EPS) los requisitos y exigencias que se tendrían en cuenta durante
una inspección y vigilancia que se iba realizar contra la entidad, ante la
crisis financiera que atravesaba y la hacía inviable.
De otra parte, asesoró y brindó información a cajas de compensación familiar
e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) para que elaboraran y
presentaran planes de mejoramiento y de reorganización, de tal manera que
superaran el examen de la Supersalud. Además, se estableció que agilizó los
trámites de pagos a las EPS y otras entidades territoriales vigiladas.
En la etapa de juicio, la Fiscalía indicó que, por todas estas
irregularidades, la exfuncionaria recibió $700’000.000. Una parte del dinero
fue utilizado para la compra de un apartamento en el norte de Bogotá.
Ante la contundencia de las pruebas aportadas y la aceptación de cargos a
través de un preacuerdo firmado de manera voluntaria por la señora Carrascal Cantillo,
un juez penal del circuito de Bogotá la declaró responsable de los delitos de:
concierto para delinquir, cohecho propio, cohecho impropio, prevaricato por
omisión, utilización indebida de información oficial privilegiada, falsedad en
documento privado, y asesoramiento y otras actuaciones ilegales.
En ese sentido, fue condenada a 6 años, 8 meses y un día de prisión; a pagar
multa de $795´000.000; además de una inhabilidad vitalicia para el ejercicio de
cargos públicos. Ante esta decisión de primera instancia proceden los recursos
de ley.
Esta información se publica por razones de interés general.
Fuente: Sistema Integrado De Información